Además, el Ministerio de Desarrollo Social sigue dilatando, mediante escritos en la Justicia, la decisión de reponerlas
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación presentó un nuevo escrito para dilatar la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre el fallo que lo obliga a rehabilitar las más de 126 mil pensiones por discapacidad que eliminó o suspendió en los últimos dos años.
Tras haber apelado la semana pasada la cautelar a favor de los damnificados de todo el país, la cartera que conduce Carolina Stanley sumó otro escrito en el que intenta convencer al tribunal de segunda instancia que la causa ha devenido abstracta porque ya se rehabilitaron las pensiones antes del dictado de la cautelar. Para argumentar que hubo restitución de ese derecho, el Ministerio adosó un listado que consta de 9728 pensiones rehabilitadas. Según los denunciantes, esto es solo un 7,7 por ciento del total que se había dado de baja.
A esta situación se suma que el Gobierno se niega a dar a conocer el listado de beneficiarios a los que se les suspendió la pensión. La Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad), que promocionó la medida cautelar, elevará en las próximas horas su descargo para pedir que “se rechace el planteo dilatorio presentado por el Estado” y se establezca un plazo perentorio de 48 horas para su cumplimiento “bajo apercibimiento de sanciones conminatorias para la ministra”.
El Gobierno insiste con su estrategia de no sincerar los ajustes hasta después de las elecciones de octubre y evita dar precisiones sobre los que ya aplicó. Sólo en el primer semestre de este año hubo 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja, que se suman a las del año pasado, dando un total de más de 126 mil, de acuerdo a los datos de la Fundación Soberanía Sanitaria.
Distintas ONG, asociaciones civiles y fundaciones encabezaron demandas contra la decisión de eliminar sin trámite administrativo las pensiones no contributivas en general (175 mil), dentro de las cuales el 72 por ciento son por casos de invalidez. A principios de mes hubo un primer fallo a nivel nacional. El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Adriana Camaratta, dio lugar a un pedido efectuado por la Asociación REDI y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones “de forma inmediata”.
Pese a que Stanley había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, apeló la orden de la Justicia. La jueza Camaratta otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo cual la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.
Pero el Ministerio dio un paso más y antes de que la Cámara decidiera sobre el tema realizó un nuevo planteamiento de “cosa abstracta” para dilatar la decisión. Para que haya una sentencia o fallo tiene que haber un caso concreto sobre el cual expedirse, de lo contrario se trata de una cuestión abstracta.
